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La FCC esta considerando una acción que hará que o se mejore la manera en que se presentan las cuentas de los celulares – o pondrá en efecto reglas que permitirán a las compañías de celulares continuar disfrazando ciertas cuotas como si fueran cargos mandados por el gobierno.

En entredicho, están las reglas de la agencia sobre “la veracidad en cómo se presenta la cuenta” y si se permite a los Estados ir mas allá del mínimo Federal para poder adoptar sus propias reglas sobre facturación de celulares y larga distancia. Consumers Union se unió con AARP, Asian Law Caucus, Disability Rights Advocates, los grupos National Association of State Public Interest Research Groups y el National Consumer Law Center para pedirle al FCC (PDF) que prohíba cargos y cuotas engañosas en las cuentas y que se respeten los derechos de los Estados para continuar implementando y haciendo cumplir sus propias reglas pro-consumidor.

Grupos de consumidores (PDF) y oficiales estatales (PDF) le están pidiendo a la FCC que prohíba que las cuentas de teléfono celular usen términos engañosos como "regulatory assessment fee" para describir cargos añadidos. Aquellos cargos legítimamente exigidos por el gobierno deberían ser estrictamente definidos y claramente separados de otros cargos en la cuenta. Aún si son permitidos, los otros cargos extras debieran ser etiquetados con exactitud, para que el consumidor entienda claramente que no son tarifas ni impuestos del gobierno.

Por ejemplo, el término "regulatory assessment fee" lo usan algunas compañías de teléfonos celulares  para recuperar gastos, tales como los costos de abogados y “lobbyists” e impuestos sobre la propiedad, que normalmente se incluyen en el precio del servicio como un gasto de negocios normal. Las compañías de teléfono inalámbrico se oponen al cambio en etiquetaje.

Varios estados a lo largo del país han empezado a responder a las quejas de los consumidores acerca de los servicios de celular, adoptando sus propias reglas de facturación en cómo se presentan las cuentas, y otros aspectos del servicio.

La industria de telefonía inalámbrica está pidiendo a la FCC que les prohíba a los estados que adopten sus propias regulaciones para teléfonos inalámbricos. Las compañías de teléfonos celulares le están pidiendo a la FCC que en su lugar adopte un serie de directrices dictadas por la industria de celulares, como la única forma permisible de protección al consumidor. Consumers Union cree que esto va más allá de la autoridad legal de la Comisión y es contraria a las intenciones del Congreso. Los requerimientos federales y su implementación deberían complementar, no desplazar, la autoridad Estatal tradicional.